El presidente Rajoy. Rubalcaba, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso, y todos los altos cargos de las instituciones de este sistema político bipartidista han repetido, hasta la saciedad, que ante la abdicación de Don Juan Carlos I, lo preceptivo es cumplir la Constitución. La mayoría de los medios de comunicación, supuestamente «independientes», se han hecho eco con fervor patrio del planteamiento. Lo que corresponde a un «país serio» es cumplir con lo previsto en la Constitución.
Aceptando este razonamiento podemos ver que el articulo 57. 1 de la Constitución española establece que «la sucesión del trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la linea anterior a las posteriores….» , así como el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Es decir, le corresponde al primer hijo varón de Don Juan Carlos I. Esto es que lo que dice la Constitución.
Pero… ¿ quién es realmente el primer hijo varón de Don Juan Carlos I ?. Porque hay dos personas que han reclamado ante los tribunales un reconocimiento de paternidad por parte del hasta hace poco Rey, Don Albert Solá y Doña Ingrid Sartiau. Siendo el primero de ellos, Don Albert Solá (Barcelona, 1956), varon nacido con anterioridad no ya a Don Felipe, sino también a Doña Elena. Se podrá alegar que no es hijo legitimo del matrimonio, pero el art. 57 nada dice de los «hijos ilegitimos», es más la propia Constitución establece que los «poderes públicos aseguran , asimismo, la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres , cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.»
Así nos encontramos con una de las razones, hay muchas otras, por las cuales, el Gobierno emprende una reforma «express» destinada a garantizar por la via de urgencia la inviolabilidad y el aforamiento del anterior monarca. Sencillamente porque si se demuestra que el primogenito es otro, segun la Constitución que tanto dicen defender, la sucesión en la Jefatura del Estado pactada entre los poderes económicos y los politícos del regimén bipartidista, para hacerla recaer en la persona de Don Felipe VI sería anticonstitucional. Si los poderes públicos, cumpliendo la Constitución como es su deber, posibilitasen la investigación de la paternidad de Don Albert Solá, posiblemente nos encontrariamos en que en el día de hoy se ha coronado rey del Estado Español a un usurpador.
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